María Iglesias Martín está separada y es madre de tres hijos de 15, 12
y 8 años y uno más de 20 meses. Los cuatro viven con ella y dependen de
ella.
Residen en un piso de alquiler que María podrá pagar
hasta el 1 de junio. Entonces finalizará su contrato como eventual de
la limpieza en el Ayuntamiento. «Ya no podré pagar el alquiler»,
afirma. Ahora lo hace con no pocas dificultades. Cobra 562 euros y sólo
al alquiler mensual destina 250 euros. «Y hay que sumar el agua, la
luz... yo y mis hijos comemos gracias al comedor social de Cáritas». En
su piso de alquiler, ella duerme en un sillón del salón, el hijo mayor
en una habitación y los tres pequeños en la cama de matrimonio.
Listado público
Pero María Iglesias no estará hoy en la lista de
admitidos como peticionarios de vivienda social. La que hará pública el
Ayuntamiento en el zaguán municipal. «Mi informe social, el que se
necesitaba para hacer la solicitud, se quedó en algún sitio, porque la
Junta no tiene constancia de mi situación», aseguró ayer.
María se sumó, por eso, a otras mujeres, también
demandantes de vivienda social, para pedir más adjudicaciones.
«Necesito de verdad una vivienda, si no me la puede dar la Junta que me
la de el Ayuntamiento», rogó ayer esta madre de familia numerosa.
Su situación, dice, sirve para poner de manifiesto la
necesidad de vivienda que hay en la ciudad, la que no se va a solventar
ni de lejos con la adjudicación de sólo 16 pisos. La Junta tiene en
marcha otros 34 expedientes de desahucio pero no fecha para ejecutar
los desalojos y atender las necesidades.
